¿Las instituciones publicas pueden interponer accion extraordinaria de proteccion? nueva linea jurisprudencial de la corte constitucional.

La discusión respecto del ejercicio de las garantías jurisdiccionales por parte de las instituciones del sector público, fue abordada por la Corte Constitucional, al resolver una acción extraordinaria de protección.  

Recordemos que la Corte Constitucional para el Período de Transición, en su sentencia Nº 24-09-SEP-CC, se había pronunciado en el sentido de que las instituciones del sector público estaban facultadas para proponer garantías jurisdiccionales y reclamar sus derechos constitucionales, a través de las acciones para el ejercicio de tales garantías, de la misma forma que lo pueden hacer las personas naturales y jurídicas privadas.  Es decir que tenían legitimación activa para ejercer la acción extraordinaria de protección (AEP), sin excepción alguna.

La actual Corte Constitucional, por su parte, en una sentencia del 4 de septiembre de 2019, ha resuelto apartarse de dicha línea jurisprudencial, porque “considera que las personas jurídicas públicas no pueden comparecer a un proceso de acción extraordinaria de protección y alegar vulneraciones a derechos constitucionales sustantivos al menos en la medida en que no gozan de estos derechos, sino que ejercen ciertas prerrogativas en función de competencias, atribuciones y obligaciones expresamente determinadas por la CRE y la ley”.

La Corte Constitucional hace una importante excepción, sin embargo, al advertir que, pese a no tener derechos sustantivos, las entidades públicas sí pueden plantear la acción extraordinaria de protección, “cuando se esgrima una vulneración a los derechos de protección en su dimensión procesal”, es decir, cuando siendo parte de un proceso, se hayan violado los derechos y garantías que les corresponde como parte, como en el caso en que se le niegue la seguridad jurídica, el debido proceso o el derecho a la defensa.

La Corte Constitucional adopta esta decisión al resolver una acción extraordinaria de protección en la que no se discutía la capacidad de la entidad pública para actuar como legitimada activa en una AEP, lo que nos advierte la intención de la Corte de ir marcando nuevas líneas jurisprudenciales en la medida que vayan conociendo y resolviendo los casos pendientes.

Esta decisión deberá ser tomada en cuenta al momento de plantear o contestar las acciones extraordinarias de protección en las que las entidades públicas actúen como parte actora, a efectos de definir si tienen o no la legitimidad activa para hacerlo.

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