¿HASTA CUáNDO SEGUIMOS CONSTRUYENDO NUESTROS ARGUMENTOS EN CASACIÓN SIGUIENDO LOS ELEMENTOS DE LA MOTIVACIÓN DE LA ANTERIOR CORTE CONSTITUCIONAL?

El tiempo que toma resolverse un caso en casación (por lo menos dos años), especialmente en materias no penales que, por supuesto no entrarán en la lista de los casos a resolverse por la vía rápida de los casos mediáticos, parecería que estamos destinados a litigar en un mundo paralelo que corre a la par de normas derogadas y criterios superados.

Un ejemplo de ello es que se siguen discutiendo los cargos de casación bajo la estructura de las sentencias de la anterior Corte Constitucional, cuyo análisis giraba alrededor de los elementos de la motivación, de modo tal que, independientemente del derecho constitucional que se considerara violado, la discusión argumentativa siempre terminaba girando alrededor de la razonabilidad, lógica y comprensibilidad de la sentencia.  Y, ciertamente, toda sentencia debe ser razonable, lógica y comprensible, es decir, estar motivada, pero no siempre el análisis de una violación de derechos constitucionales se agota en ello. 

Bien hizo entonces, la actual Corte Constitucional, en liberarse de esa atadura bajo la cual se estructuraban las anteriores decisiones de la Corte Constitucional y limitar el análisis de la motivación al ámbito correspondiente, cuando este es un cargo que se le hace a la sentencia de casación.

Ahora, construidas así las discusiones jurídicas de los recursos de casación planteados a lo largo de los últimos diez años, muchos de ellos sin resolución, bajo el supuesto de que luego terminarían en la Corte Constitucional, resulta que ahora, los actuales miembros de esta, ya no construirán sus sentencias sobre la base de estos tres elementos, como viene ocurriendo en las decisiones de las acciones extraordinarias de protección dictadas desde el año pasado.

Veamos como ejemplo el análisis sobre la motivación que consta en la sentencia 1892-13-EP/19: “Al respecto, vale resaltar que la motivación no depende de una determinada extensión ya que, en ningún caso, supone un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos ni una agotadora explanación de argumentos y razones, resultando perfectamente posible una fundamentación concreta.  Por ende, la presentación sucinta y pertinente de las razones jurídicas que fundamentan una decisión no vulnera la garantía de la motivación.

Tal vez el análisis que consta en la sentencia 1679-12-EP/20 pueda ser más ilustrativa: “La motivación como garantía constitucional no establece modelos ni exige altos estándares de argumentación jurídica; al contrario, contiene únicamente parámetros mínimos que deben ser cumplidos. En ese sentido, esta Corte ha señalado ya que una violación del artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución ocurre ante dos posibles escenarios: (i) la inexistencia de motivación, siendo esta una ausencia completa de argumentación de la decisión; y (ii) la insuficiencia de motivación, cuando se incumplen criterios que nacen de la propia Constitución al punto que no permiten su comprensión efectiva”.

Abogados litigantes y jueces de las Salas de Casación de la Corte Nacional de Justicia, estamos obligados a sintonizarnos con el pensamiento de la actual Corte Constitucional, en lo que nos guste o no, puesto que las decisiones tomadas por la Corte Constitucional tendrán efecto en el análisis que sobre estos temas se hagan en el futuro.

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