EL DEBIDO PROCESO EN EL PENSAMIENTO DE LA NUEVA CORTE CONSTITUCIONAL

Luego de varios meses sin Corte Constitucional, abogados y académicos hemos esperado ir conociendo el pensamiento de la nueva Corte Constitucional.   Fuera de las comparaciones, es evidente que la nueva Corte Constitucional tendrá su propia línea de pensamiento y que la mejor manera de conocerlo, lejos de las declaraciones públicas, serán sus sentencias y decisiones en los casos que les corresponda tratar.

De acuerdo o no con las decisiones de la anterior Corte Constitucional, el abogado litigante, va conociendo el pensamiento de los jueces a lo largo de decisiones y las va incorporando, según corresponda, en las alegaciones que hace en los casos en los que debe representar los intereses de sus clientes.

En la situación actual, las decisiones de la Corte Constitucional anterior siguen siendo parte de los alegatos de las partes que controvierten o defienden una posición, mientras no contemos con nuevas decisiones que nos orienten en una dirección diferente sobre un determinado punto en discusión a nivel constitucional.

Algunas decisiones actuales en etapa de admisibilidad ya nos permiten conocer cómo se van a aplicar las exigencias y limitaciones que rigen con cierta rigurosidad a las acciones extraordinarias de protección. 

También se han dictado ya algunas resoluciones respecto de objeciones por inconstitucionalidad de normas en proceso de formación, como en el caso de las reformas al Código Orgánico General del Procesos, COGEP, cuyo veto por inconstitucionalidad fue revisado ya por la Corte Constitucional el mes pasado.

La Corte Constitucional acogió algunas de las objeciones y rechazó otras, las que por ahora no abordaremos, pues nuestro interés es más bien destacar el pensamiento de la actual Corte Constitucional respecto del debido proceso:

“El debido proceso es un derecho, cuyo alcance originado en el ámbito legal se consolida a través de la constitucionalización de su contenido fundamental.  Esto es, que de considerarlo como una mera norma de regulación formal de los procedimientos, pasa a ser considerado como un derecho constitucional material de protección para asegurar las garantías de un juzgamiento justo, el mismo que se encuentra reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos.”[1]

Nos mantendremos al día en el seguimiento de las nuevas decisiones de la Corte Constitucional.

Si te interesa conocer más sobre esta materia, no dudes en contactarte con nosotros a través de infoquito@abogados.net.ec o infoguayaquil@abogados.net.ec