¿CÓMO SE APLICA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA IMPOSICIÓN DE MULTAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA?

El principio de proporcionalidad, sobre cuya aplicación se ha pronunciado la Procuraduría General del Estado (PGE) en múltiples oportunidades, ha sido ratificado en un nuevo pronunciamiento de la PGE (ver pronunciamiento PGE oficio 09801 de 20 de agosto de 2020 en la herramienta Sistema de Consultas Absueltas en www.pge.gob.ec) con motivo de una consulta de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, ratificando el criterio ya convertido en norma de que las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, incluido en la reforma del Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) que se introdujo en la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera.

El reciente pronunciamiento de la PGE sigue la línea de pensamiento institucional mantenida en absoluciones de consultas anteriores (ver pronunciamientos PGE oficios 04358 de 19 de octubre de 2011,  09269 de 8 de agosto de 2012 y 12208 de 22 septiembre de 2017 en www.pge.gob.ec), agregando la ratificación del criterio sobre la aplicación retroactiva de la reforma del artículo 71 de la LOSNCP.

Según el pronunciamiento de la PGE: “La aplicación de multas -antes y después de la reforma introducida al artículo 71 de la LOSNCP- debe considerar las entregas parciales que se hubieren estipulado contractualmente, y se rige, entre otros principios, por el de proporcionalidad y trato justo, previsto por el artículo 4 ibídem, según el criterio expuesto de forma consistente y reiterada por este organismo en diferentes pronunciamientos”.

Esto implica que, si usted es contratista del Estado y no ha cumplido o no se han recibido a tiempo y a satisfacción de la entidad contratante una parte de sus obligaciones contractuales, las multas por el retardo en el cumplimiento de un contrato público no se calcularán sobre el valor total del contrato sino sobre el valor de la parte del contrato que se encuentra incumplida o no ha sido recibida a satisfacción de la entidad contratante, según los términos previstos en el contrato.

Tome en cuenta siempre que, en caso de desacuerdos contractuales con entidades del sector público, el contratista debe adoptar medidas que eviten la aplicación de multas o la declaración de contratista incumplido, con la consecuente ejecución de garantías e inhabilitación en el RUP.   Tome acciones preventivas o busque una solución contando con la asesoría legal adecuada. Si te interesa conocer más sobre esta materia, no dudes en contactarte con nosotros a través de los siguientes correos electrónicos: galogarcia@abogados.net.ec en Guayaquil o diegogarcia@abogados.net.ec y cristinagarcia@abogados.net.ec  en Quito